Estados Unidos sanciona a jefes militares venezolanos

AFP/EFE

07eec3a21c24e747966e375220235136El Gobierno de Estados Unidos impuso ayer sanciones económicas por “corrupción y represión” a cuatro funcionarios de alto rango estrechamente vinculados al gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y pidió colaboración a sus socios internacionales para “aislar a este régimen opresor”.

Los primeros sancionados durante el 2018 son el exministro chavista y gobernador del estado de Aragua, el general retirado Rodolfo Clemente Marco Torres; el también general retirado y exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez; el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana, Fabio Enrique Zavarse, y el teniente general del Ejército y ministro de Frontera, Gerardo Izquierdo Torres.

francisco-rangelLos cuatro funcionarios son o han sido integrantes de las Fuerzas Armadas, a quienes el Departamento del Tesoro acusó de haber olvidado “la misión profesional republicana” de las instituciones militares de Venezuela, de acuerdo con la Constitución aprobada por ese país en 1999.

Las sanciones contra estos funcionarios establecen el bloqueo de todos sus activos en Estados Unidos y prohíben a cualquier ciudadano estadounidense realizar negocios con cualquiera de ellos. Esta medida establece, además, la inclusión de los cuatro funcionarios en la conocida como “lista Clinton” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, que incluye a supuestos cabecillas del crimen organizado con los cuales los estadounidenses tienen prohibidas las relaciones comerciales.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la inclusión de estas personas en dicha lista negra pone de manifiesto que “la corrupción y la represión continúan floreciendo bajo el régimen de Maduro, tanto por aquellos en puestos gubernamentales actuales como por exfuncionarios que continúan beneficiándose de un sistema corrupto”.

favio-zavarseDe la misma manera que el Departamento del Tesoro pidió ayer a sus socios internacionales que se involucren, el pasado mes de septiembre el propio presidente Donald Trump llegó a pedir a la Unión Europea una implicación más activa en la cruzada contra el régimen bolivariano ante la “deriva totalitaria” de su gobierno. Francisco José Rangel Gómez, exgobernador del estado de Bolívar. Foto: La Patilla.- Francisco José Rangel Gómez, exgobernador del estado de Bolívar. Foto: La Patilla. –

Trump, que en agosto del año pasado llegó a afirmar que la “opción militar” era posible, por el momento ha apostado por la vía diplomática, si bien recrudeció la adopción de sanciones contra el régimen bolivariano después de que este promoviera la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con poder para redactar una nueva Constitución.

El Departamento de Estado volvió a insistir en la “ilegitimidad” de dicha Asamblea y denunció que el gobierno venezolano “ha desmantelado tres influyentes partidos de la oposición” con el objetivo de impedir su participación en las elecciones presidenciales de este año.

Repercusiones

gerardo-izquierdoPara el ex embajador de Nicaragua en Venezuela Róger Guevara Mena las sanciones a funcionarios venezolanos dejan de manifiesto la “inconformidad con el estilo, con la forma y con el fondo de la administración de la República de Venezuela en el aspecto democrático y de participación ciudadana”.

También producen, según Guevara Mena, “un síntoma de persecución por parte del gobierno estadounidense, generan un desconcierto y un temor en las filas del gobierno venezolano”, pero son sanciones a conductas personales y “no son suficientes para que el Gobierno de Venezuela considere fundamental un cambio”.

“Las acciones pertinentes que se deberían tomar para asegurar que el gobierno del presidente Maduro pudiera cambiar su proceder, no se hacen puesto que las compras de petróleo en dólares líquidos (efectivo) continúan haciéndose paulatinamente de manera mecánica”, expresó el exdiplomático.  Washington compra 800,000 barriles diarios de petróleo a Venezuela, 42% de los 1.9 millones que produce. Fabio Zavarse Pabón, general de la Guardia Nacional de Aragua. Foto: Primicias 24.- Fabio Zavarse Pabón, general de la Guardia Nacional de Aragua. Foto: Primicias 24. –

Bloqueo de millones

De hecho, el gobierno venezolano denunció a comienzos de diciembre pasado que las sanciones aplicadas por las autoridades estadounidenses habían supuesto el bloqueo de unos 3,000 millones de dólares, lo que habría dificultado al régimen el cumplir sus compromisos de deuda externa.

La agencia de calificación financiera SP Global Ratings había advertido en julio sobre el riesgo de impagos debido al deterioro de las condiciones económicas y el aumento de las tensiones políticas en Venezuela.

Sancionados en 2017

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump aplicó a lo largo del año pasado una extensa batería de sanciones contra al menos 41 funcionarios del régimen bolivariano, entre los que se encuentra el mismo presidente Nicolás Maduro.

En noviembre de 2017 fueron 10 los funcionarios venezolanos sancionados por estar asociados, según el Departamento de Estado, con “socavar el proceso electoral, con la censura de medios o con la corrupción en los programas de administración de alimentos en Venezuela”. Entre ellos figuraban Sandra Oblitas Ruzza, vicepresidenta y rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE); Elvis Hidrobo Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Constituyente; Ernesto Emilio Villegas, ministro de Cultura y exministro de Comunicaciones e Información; Carlos Alberto Osorio, presidente del Órgano Superior de la Misión de Transporte; y Freddy Alirio Bernal, ministro de Agricultura Urbana. Rodolfo Marco Torres , gobernador del estado de Aragua. Foto: Telearagua.- Rodolfo Marco Torres , gobernador del estado de Aragua. Foto: Telearagua. –

El nueve de agosto ocho funcionarios venezolanos fueron sancionados económicamente por su papel en la Asamblea Nacional Constituyente.  En esa ocasión Estados Unidos sancionó a Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, y también a Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D’Amelio, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos ellos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y exfuncionarios chavistas. Además fue sancionado Vladimir Lugo, comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), acusado de participar en la represión violenta de las marchas de manifestantes en Caracas.

En agosto, Trump también firmó un decreto prohibiéndoles a los bancos de EE. UU. comprar nuevos bonos del gobierno venezolano y su compañía estatal petrolera PDVSA. La orden también limitaba las transacciones con bonos existentes que fueran propiedad del sector público venezolano.

Solo una semana antes, el 31 de julio, el Tesoro había impuesto sanciones económicas directas contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro. La medida se produjo un día después del voto de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela.

El 26 de julio la administración de Trump sancionó a 13 funcionarios actuales o pasados “asociados con las elecciones o por quebrantar la democracia, así como la violencia generalizada contra manifestantes de la oposición y corrupción”, señaló el Tesoro. Gerardo Izquierdo Torres, teniente general del Ejército- Gerardo Izquierdo Torres, teniente general del Ejército

Entre los sancionados entonces estaban el ministro de Educación Elías Jaua; Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Tarek William Saab, el Defensor del Pueblo; e Iris Varela, miembro de la comisión presidencial preparatoria de la Asamblea Constituyente, incluidos en la lista por “minar la democracia y los derechos humanos”.

Otras cinco personas fueron sancionadas por su relación con actos de represión y violencia, entre ellos Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, y Carlos Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana. Finalmente otras cuatro personas fueron incluidas por actos de corrupción, incluyendo a Rocco Albissini, presidente del Centro de Comercio Exterior, y Simón Zerpa, vicepresidente financiero de la estatal PDVSA.

El 19 de mayo fueron ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela quienes resultaron con sanciones del gobierno estadounidense por haberse adjudicado las funciones de la Asamblea Nacional de ese país y haber permitido gobernar a Maduro a través de un decreto de emergencia.  Entre los funcionarios sancionados en esa ocasión estaban Maikel Moreno, presidente del TSJ, y los siete miembros de la Sala Constitucional. En febrero el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas por narcotráfico al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, quien “juega un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”, con destinos que incluyeron México y Estados Unidos, según el Departamento del Tesoro. En ese momento también se sancionó al empresario Samark José López Bello, por ser el “testaferro” de El Aissami y proporcionar “material, apoyo financiero, bienes y servicios” al narcotráfico.

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